Las relaciones internacionales, se han formado y desarrollado sobre la base de la lucha por el territorio. Ya a principios del siglo XX los recursos de la tierra estaban  totalmente compartidos. Los intentos de redistribuir estas áreas en una comprensión global condujeron a dos guerras mundiales. Como resultado de estas guerras se ha formada tal conclusión que demarcación de fronteras por la fuerza es inaceptable. Pero, por supuesto, esto no da ninguna garantía que no van a aparecer nuevas zonas de conflictos. En la teoría del derecho internacional y relaciones internacionales: el territorio - es uno de los principales signos del estado y la protección de las zonas habitadas se considera como derecho instintiva de todos los seres vivos, incluidas las personas.

Como es bien conocido, los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo, como se refleja en la carta de las Naciones Unidas, prohíbe el uso de la fuerza militar contra la soberanía e integridad territorial de los estados y considera agresión armada grave acto de delincuencia internacional. A pesar de que el derecho internacional prohíbe la solución de controversias a través de la guerra, esto no significa que no hay Estados que quieren resolver los conflictos por la fuerza de las armas a su favor.

En el contexto de la globalización en los estados multiétnicos no hay modelo universal de la solución de las cuestiones nacionales. Los documentos internacionales definen sólo la dirección general. Mientras que todos los grupos étnicos viven en comodidad, los estados multiétnicos pueden tener niveles de vida más exitosos. Y este tema está conectado directamente a la situación económica en el estado. Cada estado debería ser casa común de las minorías étnicas, religiosas y nacionales que viven aquí. Pero en la actualidad, es imposible hacer frente a cualquier problema creando para cada uno de los grupos étnicos un sólo semi-estado monoétnico "limpia" de otros grupos étnicos. Ahora en los democráticos estados occidentales los problemas nacionales se resuelvan sobre la base de la protección de los derechos individuales de la persona y los derechos colectivos  de los grupos étnicos. Como regla general, la división administrativa no tiene en cuenta la distribución de estos grupos en los territorios. Por lo tanto, el tema de "las fronteras históricas" de grupos étnicos, por sí mismo, conduce solamente a la aparición de nuevos brotes de conflictos.

La prevalencia de los derechos humanos es uno de los elementos claves de un nuevo paradigma de seguridad emergente en el contexto de nuevas realidades - en el colapso de sistema bipolar del mundo, y bajo la influencia de la finalización de la "guerra fría". La Carta para la Seguridad Europea aprobada en la Cumbre de la OSCE en Estambul, 18-19 de noviembre de 1999, incluye importantes disposiciones en relación con la protección de los derechos de las minorías nacionales. Aquí se observa: "Deben ser protegidos los derechos de todas las personas, incluidas las minorías nacionales. Protección de los derechos de las minorías nacionales siendo el propósito en sí mismo, fortalece y la soberanía y la integridad territorial de los países... Se explorarán maneras de mejorar la aplicación del derecho internacional humanitario para la protección de civiles en situaciones de conflicto".

La existencia del gobierno que representa todas las personas que viven en el territorio independientemente de raza, religión y nacionalidad, evita la división del estado, la violación de la integridad política y territorial, esta condición regula el mecanismo de aplicación del derecho a la libre determinación con las leyes civiles.  Así que si el Gobierno conoce el derecho a participar en la vida política y social de la población,
sin discriminación y sobre la base de respeto a derechos básicos de las personas, una violación de la integridad territorial y de la unión política del estado se considera acciones ilegales.

En 1993, en la Conferencia de Viena sobre derechos humanos, fueron debatidas las disposiciones que reflejan la importancia de las cuestiones que sirven para reducir el efecto que provoca desestabilización del derecho de la autodeterminación y al mismo tiempo de los problemas étnicas y nacionales. En la actualidad, varias autonomías culturales y nacionales es práctica muy extendida. Tal autonomía permite mantener la identidad étnica de las naciones, y resolver una amplia variedad de problemas relacionados con religión, cultura, idioma, educación y con otras esferas. 

Una autonomía a menudo aparece en forma de estado nacional - territorial y en los casos en que se respetan los derechos humanos, y se tienen en cuenta los intereses de las minorías nacionales, permite resolver los problemas relacionados con su desarrollo.

La resolución de 18 de diciembre de 1992 de Asamblea General de las Naciones Unidas (la "Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas") dice: "Ninguna disposición de esta declaración no puede utilizarse para justificar el tipo de la actividad que no se adapta con propósitos y principios de la ONU. Deben respetarse los principios de la igualdad soberana, la integridad territorial e independencia política". El "Convenio Marco para la protección de las Minorías nacionales" firmado por los países miembros del Consejo de Europa en Estrasburgo el 18 de abril de 1995, incluye pensamientos similares:

"Ninguna disposición de este Convenio Marco no puede utilizarse para justificar el tipo de la actividad que amenaza los principios del derecho internacional, así como la igualdad soberana de los países, la integridad territorial e independencia política".

En esta etapa, el concepto de la igualdad soberana incluye los siguientes elementos: 1. En sentido legal, todos los países son iguales; 2. Cualquier estado puede utilizar los derechos relativos a la "plena soberanía"; 3. Cada estado está obligado a respetar la situación jurídica de otros Estados; 4. La integridad territorial e independencia política de los Estados es inviolable; 5. Cada estado está obligado a fielmente cumplir con sus obligaciones internacionales y vivir en paz con otros países.

Todos estos principios que constituyen la base de todas las relaciones internacionales tienen un papel importante en la regulación de los conflictos internacionales emergentes sobre la base de reclamaciones territoriales. Según el principio enunciado en el Acta final de la Conferencia de seguridad y la cooperación en Europa (1975): "Los Estados participantes consideran mutuamente como inviolables todas sus fronteras, así como las fronteras de todos los Estados en Europa y en consecuencia se abstendrán ahora y en el futuro de atacar dichas fronteras". Esto, de hecho, declaraba que los países se niegan a las reivindicaciones territoriales contra el uno al otro.

Además, los países de la CEI firmaron la declaración sobre la inviolabilidad de las fronteras en 7 agosto de 1993, y luego la declaración sobre la soberanía, la protección de la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras de los países de la CEI el 15 de agosto de 1994. Así, conforme a aspectos modernos de las relaciones internacionales, los Estados deben respetar las fronteras definidas de otros Estados. Pero después de la caída del muro de Berlín, aparecieron una serie de conflictos en el espacio postsoviético.

Al contrario de los acuerdos, se han presentado las reivindicaciones territoriales y se han violado los derechos humanos de forma masiva (la expulsión de las personas de sus hogares, la masacre contra la población civil, la destrucción de ciudades y pueblos, matanza de las personas debido al origen étnico, etc, .) Todos estos son casos penales internacionales, que nadie duda. Hay que recordar que los estados agresivos para ocultar su intención criminal y promover reivindicaciones territoriales infundadas, intentan invocar el derecho a autodeterminación de los pueblos, sino también las formas más extremas de este derecho.

El 17 julio de 1998, la conferencia de Roma adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Según este documento, el genocidio, crimen contra la humanidad (la deportación cometida contra la población civil, el desplazamiento forzado, la tortura, los asesinatos), los crímenes de guerra, la agresión y otras actividades están bajo la jurisdicción del derecho internacional. Todos los delitos anteriores, por regla general, son los resultados de las reivindicaciones territoriales basadas en el pretexto de la autodeterminación de las naciones. Pero de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (b.55, 73, 76, m. 1, p.2), el principio de igualdad y el derecho a la libre determinación de los pueblos no puede ser utilizado con el fin de la violación de la integridad territorial de los países que no permiten a ninguna discriminación (que garantiza la representación de todos los segmentos de la población en la administración pública).

 Por lo tanto, en las condiciones de formación de nuevas relaciones internacionales, la función del principio de la igualdad soberana y la integridad territorial de los estados demuestra una vez más que el principio de la igualdad soberana constituye la base más favorable de la asociación y de las constructivas relaciones mutuas entre los países, así como de la estabilidad internacional. Y esto, es una indicación de inaceptabilidad de las reivindicaciones para un cambio de las fronteras de cualquier manera civil, así como por la fuerza de las armas.